La depuración en Aragón

Reproducimos un artículo de Pedro Arrojo sobre las depuradoras en Aragón, publicado en el Periódico el pasado día 29 de noviembre. Al parecer, finalmente no nos van a cobrar el 100% del canon, Estadila se quedará más o menos igual, que no deja de ser un bochorno. Tendremos que esperar la confirmación definitiva.

Hoy sabemos que solo dos comunidades autónomas, Madrid y Aragón, apostaron por planes de saneamiento sobredimensionados y tecnologías tan inadecuadas como caras en pequeños municipios, desde la expectativa de diluir los sobrecostes en Madrid y Zaragoza. De hecho, han sido las dos únicas comunidades que han vetado, durante años, la información a sus ayuntamientos sobre opciones de depuración extensiva ( verde o ecológica), recomendadas explícitamente por los demás gobiernos autónomos y confederaciones hidrográficas como la del Duero, además de por el propio Gobierno central, para poblaciones de menos de 2000 habitantes.

Depuradoras como las de Ayerbe y Mequinenza, que funcionan al 19% de su capacidad; Terrer, que lo hace al 14%; Zuera, que funciona al 11%; o el hecho de que se proyecten depuradoras para núcleos del Pirineo donde ya no vive nadie, deberían motivar una investigación de oficio de la Fiscalía Anticorrupción. Sobre todo cuando esas irregularidades se extienden por Aragón de forma sistemática.

ES SIGNIFICATIVO

el ejemplo de Fabara, que se negó a ceder sus competencias al Instituto Aragonés del Agua (IAA) y encomendó a la Politécnica de Madrid una depuradora biológica, en base a "aneas en flotación". Mientras la depuradora convencional proyectada por el IAA estaba presupuestada en 2.400.000 euros, la que se construyó costó tan solo 235.000 € (10 veces menos). Y lo que es más importante, mientras la gestión de la depuradora convencional hubiera costado 300.000 €/año (incluida la gestión de lodos), la actual depuradora funciona con 13.000 €/año (23 veces menos).

El resultado económico global toma perfiles tan injustificables como ingobernables: un coste medio, reconocido por la DGA, de 1,3 € por metro cúbico depurado, mientras en La Rioja el coste medio es de 0,14 €/m3 (casi 10 veces menos). En Zaragoza, que no ha entrado en este turbio negocio hasta ahora, los vecinos venimos pagando por el servicio de la depuradora de La Cartuja, privatizada durante los últimos 20 años, 0,37 €/m3; y por el servicio no privatizado de la depuradora de La Almozara tan solo 0,15 €/m3 (a pesar de ser 10 veces menor que La Cartuja). En Jaca, que ya tenía la depuradora construida cuando firmó la cesión de sus competencias, los vecinos pagan por canon de saneamiento 2,5 millones €/año, siendo que, según datos del propio ayuntamiento, gestionar su depuradora cuesta tan solo 400.000 euros.

El hecho de que comarcas enteras, o toda una ciudad como Utebo, con depuradoras licitadas y sin construir, estén pagando desde hace 4 años canon de saneamiento y tengan además que pagar a la confederación hidrográfica los más altos niveles de canon de vertido, siendo que la responsabilidad de que no se depure es de la DGA; el que los ayuntamientos que no han firmado la cesión competencias se vean sometidos a amenazas y bloqueo de fondos; y el hecho de que la DGA haya venido mintiendo, lisa y llanamente, sobre sus reuniones con el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la obtención inminente de financiación para desbloquear el plan, extremos desmentidos categóricamente por el propio BEI, perfilan una situación insostenible.

Los contundentes datos y argumentos del memorándum presentado recientemente por la Red Agua Pública de Aragón (RAPA) al BEI (con el apoyo de sindicatos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores y de afectados, fundaciones...), junto a la queja europea, promovida inicialmente por Adelpa y posteriormente por ayuntamientos afectados, han puesto en guardia al BEI que dificilmente financiará este plan. Sería bueno recordar, en circunstancias similares, el bloqueo que se consiguió de los fondos europeos para el trasvase y su desbloqueo cuando los proyectos a financiar fueron razonables.

Hoy se puede afirmar que este plan ha fracasado. Pero además emergen sombras que exigen una auditoría sobre el oscuro proceso de privatización llevado a cabo por el IAA, encubierto por una DGA que se niega a dar información transparente.

Las últimas rebajas en el canon para los pueblos que se sienten, y con razón, estafados, parecen maniobras dilatorias que apuntan a prolongar la crisis y dejar para el siguiente Gobierno un bonito paquete. Está por ver si la oposición aceptará el regalo, desde su expectativa de gobernar en un futuro; y si los alcaldes están dispuestos a aceptar que les corten una mano en lugar del brazo, y firmar con la otra.

Profesor emérito del departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza

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