Noticia aparecida en el Diario Alto Aragón el pasado día 27 de diciembre. No vamos a volver repetir nuestra visión de la situación, que hemos explicado en reiteradas ocasiones, y que por descontado, no concuerda con la expresada por la alcaldesa de Peralta de Calasanz. (Enlace)
La legislación entiende que las explotaciones mineras tienen afecciones para el conjunto de la ciudadanía, y por este motivo, permite que cualquier ciudadano de Estadilla, Cádiz o Peralta de Calasanz presente alegaciones en el periodo de exposición al público.
De todas formas, hay algo que nos mide a todos por el mismo rasero, o por lo menos debería, que es la ley. Nosotros le recomendamos a la alcaldesa de Peralta de Calasanz que vele para que la legislación se cumpla en el término municipal, y concretamente, en la mina de Buñero. Porque Jetprom estaba incumpliendo la ley, y el Ayuntamiento miraba hacia otro lado. Gracias a las denuncias de los grupos políticos (IU y CHA) y asociaciones como Ecologistas en Acción, el Gobierno de Aragón paralizó la explotación. (Enlace)
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